La querella culminó con la exposición de la elevación a juicio por la inmobiliaria de la familia Kirchner. a audiencia comenzó con la lectura del capítulo en el que mencionó el rol que tuvieron las empresas Álcalis de la Patagonia y M&S, ligadas a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- La lectura del requerimiento de elevación a juicio de la Unidad de Información Financiera (UIF) por la causa Los Sauces culminó este viernes, en el marco del juicio contra la ex presidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner.
La querella presentó la segunda parte de la acusación por la investigación relacionada a la inmobiliaria de la familia Kirchner, apuntada de haber sido usada en una maniobra para lavar dinero proveniente de las empresas de Lázaro Báez y el Grupo Indalo.
La audiencia comenzó con la lectura del capítulo en el que mencionó el rol que tuvieron las empresas Álcalis de la Patagonia y M&S, ligadas a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Según la UIF, se utilizaron “dos mecanismos simulados” con contratos de ambas compañías firmados con Los Sauces por alquileres de inmuebles, que la querella consideró “injustificados”. Además, apuntó que estos mostraron un sobreprecio de entre el 100% y el 150%.
“La locación no fue más que una simulación a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados hacia la sociedad de la familia Kirchner”, afirmaron.
En ese sentido, acusó que la familia presidencial montó una “ingeniería societaria y económica para legitimar los beneficios económicos de los ilícitos procedentes” y sometió el dinero a “una cadena de movimientos bancarizados con distintos ejecutantes enlazados entre sí”, con el fin de “blanquearlo” para que pueda ser usado tanto por los exmandatario Néstor y Cristina Kirchner, como por sus hijos Máximo y Florencia.
Los Sauces, de acuerdo al esquema, sería usada para “canalizar” el dinero proveniente de las firmas de Báez e Indalo entre 2009 y 2016. En ese período, tuvo un “crecimiento exponencial” de su patrimonio gracias a los contratos firmados con los “empresarios amigos”, quienes eran “favorecidos con suculentos contratos con el Estado” y aportaron un “flujo de dinero constante y permanente” de casi $26 millones.
Con respecto a las acusaciones, la UIF señaló a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Por su parte, Máximo Kirchner, quien fue presidente de Los Sauces, se lo imputa como organizador de la misma.
Ambos habrían “diseñado, ejecutado y dirigido un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la firma Los Sauces”, a través del cual recibieron dinero proveniente de la “defraudación al Estado nacional mediante el otorgamiento de contratos de obra pública”.
En el caso de la expresidenta, también es acusada de haber aceptado dádivas de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Con respecto a los empresarios imputados, la querella responsabilizó a Lázaro Báez como organizador de asociación ilícita y coautor de lavado. López y De Sousa recibieron la misma calificación, aunque se les sumó el delito de autores de ofrecimiento de dádivas.
Agencia NA
