Los alimentos tienen un peso central en ese cálculo, especialmente en los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción mayor de sus recursos a cubrir necesidades básicas. Cuando esos precios suben, el margen disponible para afrontar otros compromisos se reduce.
A esto se suman los gastos de electricidad, gas, telefonía, internet, impuestos y tasas municipales, que también condicionan el presupuesto familiar. Para quienes no tienen un salario fijo ni una actualización periódica de sus ingresos, esos costos pueden convertirse en una presión difícil de compensar.
Las diferencias entre las regiones
La situación del norte contrasta con la de otras zonas del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la informalidad laboral total se ubica en torno al 26%, de acuerdo con los datos presentados en el informe. En el conurbano bonaerense, en cambio, asciende al 47,5%.
Cuyo registra niveles intermedios y elevados en algunos segmentos, con una incidencia importante del empleo estacional. En el Gran San Juan, por ejemplo, la informalidad entre los cuentapropistas alcanza el 83%.
La Patagonia muestra los indicadores más favorables de registración, con tasas de informalidad total que van del 18% al 33,5%, según la localidad. En Neuquén, el indicador se sitúa en el 26,4%, en un contexto productivo marcado por la actividad hidrocarburífera, la minería y la energía.
Las diferencias reflejan el peso que tienen la estructura productiva, el tamaño de las empresas y la capacidad de generar empleos registrados. En las regiones con mayor presencia de actividades de baja productividad y unidades económicas pequeñas, las posibilidades de formalización suelen ser más limitadas.
Para el NEA y el NOA, el desafío consiste en ampliar las oportunidades de empleo de calidad y reducir la distancia entre tener una ocupación y contar con derechos laborales. La persistencia de altos niveles de informalidad no solo afecta los ingresos y la protección de los trabajadores, sino que también limita los aportes previsionales y la recaudación asociada al empleo registrado.
Con el dato de inflación de septiembre próximo a conocerse, la evolución del costo de vida vuelve a poner en primer plano una desigualdad que va más allá de los precios: la capacidad de cada trabajador para defender sus ingresos. En las regiones con mayor informalidad, una nueva aceleración inflacionaria puede sentirse con más fuerza entre quienes tienen menos herramientas para negociar sus remuneraciones y sostener el poder adquisitivo.
