Es un reclamo que cada vez cobra mayor volumen gracias a que casi el 60% de las empresas fabriles reportó un fuerte impacto del mercado informal en su actividad.
Buenos Aires, 10 octubre (NA) – El comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) redobló su presión contra el Gobierno por un tema sensible, que data de tiempo pero que aún no tiene respuesta: el crecimiento del contrabando. Es un reclamo que afecta a cada vez más emprendimientos fabriles, casi un 60%, y que también tiene su impacto, con reclamo, en el gremio que nuclea a los trabajadores de la Aduana.
Según pudo corroborar Agencia Noticias Argentinas, desde 2025 que el secretario general del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), Daniel Mallotti, comenzó a hacer ruido con la problemática. Luego, este año, el dirigente sindical dio un paso más y directamente culpó del problema a un ministro, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. Es el ideólogo del plan motosierra que recortó salarios y funciones del organismo que debe controlar qué entra y qué sale del país.
En concreto, Mallotti sostuvo que las “políticas de ajuste y desregulación” del Gobierno nacional por incidir en “el crecimiento del contrabando y su impacto en la industria nacional y el comercio formal en Argentina”.
El cuadro gremial también unió en su preocupación a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). La CAC es otra entidad que lamentó este fenómeno y exigió “reforzar los controles fronterizos, para evitar el daño que hace a nuestra industria y las pérdidas fiscales millonarias que provoca el contrabando”. Pero no hubo contestación formal.
Ahora, la Unión Industrial Argentina (UIA) dio un paso más y se encolumnó detrás de las solicitudes por inspecciones. Por lo bajo, hay dardos contundentes contra la política oficial. Porque no solo los hace competir con productos chinos en desventaja (ya que la producción del gigante asiático no paga aranceles ni ingresos brutos ni tasas) sino que además sufren de un incremento del comercio ilegal.
Hay más: existen dirigentes que, según le consta a NA, no tienen demasiado optimismo. Un dato que ilustra el estado de situación: en una encuesta de este año, hay un 33% de ejecutivos que pide avanzar con más y mejores controles aduaneros cuando se le pregunta qué medidas se deberían implementar.
Por eso, la UIA este jueves mantuvo una reunión de trabajo con el director general de Aduanas, Andrés Velis. Ese mano a mano tuvo el propósito de presentarle un diagnóstico institucional sobre el impacto del comercio ilegal y acordar una agenda técnica conjunta de articulación público-privada para fortalecer la fiscalización del contrabando.
Del encuentro participaron también la directora adjunta de Aduanas, María Eugenia Rodríguez Campos, y la subdirectora de Control Aduanero, Samanta Franco. Durante la jornada, las autoridades repasaron el estado de las gestiones del organismo y coincidieron en la necesidad de avanzar en medidas que promuevan la facilitación del comercio formal.
La presentación de la entidad empresaria se respaldó en los datos de la III Encuesta UIA de septiembre de 2026, donde el 59,7% de las 628 empresas relevadas consideró "alto o muy alto" el impacto del comercio ilegal en sus operaciones. El fenómeno afecta con particular severidad a rubros como metales comunes (88,2%), textil (84,6%), cuero y calzado (76,2%) y papel, cartón y madera (70%).
Entre los reclamos prioritarios de las empresas, además de inspecciones, lo sigue una mayor fiscalización de la facturación y la informalidad comercial (19,1%) y la regulación del comercio electrónico (15,1%), una modalidad informal que afecta a cuatro de cada diez compañías a través de redes sociales y marketplaces.
Ante este panorama, la UIA formalizó una serie de propuestas basadas en buenas prácticas internacionales. Entre las medidas solicitadas figuran la ampliación horaria en pasos fronterizos, mayor uso de escáneres y tecnología de control, declaración electrónica anticipada, revisiones por perfiles de riesgo, auditorías ex post, fiscalización estricta del e-commerce y una revisión normativa sobre las recientes desregulaciones en el sistema de courier. En el Gobierno no hubo referencias a este tema por el momento.
Agencia NA
