La jueza de garantías N° 1 de la ciudad de Corrientes, Gabriela María Alejandra Aromí, se jubilará en octubre luego de 32 años de trayectoria en el Poder Judicial y casi 23 como magistrada. Referente en Derecho Procesal Penal, fue protagonista del largo proceso que permitió a Corrientes avanzar desde un sistema mixto hacia un modelo acusatorio y oral, acorde a los estándares constitucionales y convencionales. En esta entrevista repasa ese camino, habla de la transformación de la Justicia, la importancia de la capacitación y los desafíos que todavía quedan pendientes.

A pocos meses de finalizar una carrera de más de tres décadas dentro del Poder Judicial de Corrientes, la doctora Gabriela María Alejandra Aromí se prepara para dejar el Juzgado de Garantías N° 1. Lo hace después de haber atravesado desde distintos lugares uno de los cambios más profundos de la Justicia penal correntina: la reforma del Código Procesal Penal y la implementación del sistema acusatorio.

Su recorrido comenzó hace 32 años como prosecretaria de la entonces Cámara Criminal N° 1 de Corrientes, que tenía competencia de apelación, juicio y ejecución penal. Allí inició su carrera junto a quien reconoce como una de sus grandes maestras, Rita Mill, quien también había sido su profesora en la Facultad de Derecho.

Paralelamente comenzó su actividad académica en la cátedra de Derecho Procesal Penal, primero como jefa de Trabajos Prácticos, luego como profesora adjunta y finalmente como profesora titular de Derecho Procesal Penal y de Litigación Penal Oral.

Tras presentarse a numerosos concursos, hace casi 23 años asumió como jueza en el hoy Juzgado de Garantías N° 1. Desde ese lugar comenzó a incorporar tempranamente herramientas como la oralidad, la justicia restaurativa, la atención de las víctimas y, posteriormente, la mediación penal.

—Después de 32 años en el Poder Judicial y casi 23 como jueza, ¿qué representa para usted llegar al momento de la jubilación?

—Podés ver tu trabajo como un trabajo. O podés ver tu trabajo como un servicio. Y cuando vos ves tu trabajo como un servicio, entonces todo lo que hacés tiene otro color, porque no lo hacés para vos. Lo hacés para la comunidad, para mejorar un poquito la vida de alguien.

—Gran parte de su trayectoria estuvo atravesada por la transformación del proceso penal en Corrientes. ¿Cuándo comenzó ese camino?

—El trabajo comenzó en 1999, en medio de una profunda crisis provincial. En 2004 se presentó el primer proyecto de reforma integral, elaborado con la participación de docentes de la Facultad de Derecho y miembros del INECIP, institución cuya Junta Nacional también integro.

En aquellos años parecía para muchos una meta imposible. Sin embargo, en 2004 el Superior Tribunal de Justicia abrió sus puertas al proyecto y lo presentó formalmente. Desde entonces, la modificación del sistema procesal penal permaneció en agenda, acompañada por debates y actividades en distintos ámbitos.

—¿Por qué era necesario dejar atrás el modelo anterior y avanzar hacia un sistema acusatorio?

—La reforma implicó un cambio de paradigma. No se trataba solamente de cambiar una norma, sino de transformar la manera de administrar Justicia. El sistema acusatorio oral permite consolidar las audiencias orales, dar mayor participación a las víctimas y a los imputados y utilizar mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

La oralidad aporta transparencia y permite procesos mucho más rápidos y cercanos a la comunidad.

—¿Alcanzaba con sancionar un nuevo Código Procesal Penal para producir esa transformación?

—No. El cambio de normas era un paso necesario, una ley cambia la realidad.

La implementación exigía estructuras diferentes y, especialmente, capacitación. Por eso, incluso antes de contar con el nuevo Código, comenzamos a formar a estudiantes y profesionales para desenvolverse en un sistema acusatorio y oral.

—¿Qué papel tuvo la Universidad en ese proceso?

—Fue fundamental. Desde la Facultad de Derecho se trabajó durante años para preparar profesionales capaces de desenvolverse dentro del sistema acusatorio, aun antes de que Corrientes tuviera la legislación necesaria para implementarlo.

Ese camino derivó, entre otras experiencias, en la elaboración del Código Procesal Penal modelo para el NEA y en el desarrollo de la enseñanza de litigación oral. Muchos de aquellos estudiantes con el tiempo pasaron a desempeñarse como jueces, fiscales y defensores y se consolidaron clubes de litigación en las provincias del Nordeste.

—Usted combinó durante prácticamente toda su carrera la magistratura con la docencia. ¿Qué significó esa actividad para su función judicial?

—La docencia es una inversión de tiempo, porque te obliga a estar capacitada en forma permanente.

Esa formación se vuelca en beneficio de la mejora del sistema de justicia. Al mismo tiempo, la experiencia cotidiana dentro de los tribunales permite transmitir a futuros abogados y profesionales de posgrado herramientas que contribuyen a mejorar el ejercicio de la profesión.

—La capacitación también fue parte de su trabajo dentro del Poder Judicial.

—Sí. Fui instructora de la Primera Escuela Judicial y después participé de instancias de formación vinculadas con mediación y otras áreas. En una época anterior a la virtualidad, capacitar implicaba trasladarnos personalmente a localidades como Santo Tomé o Paso de los Libres para acercar esa formación a los operadores judiciales del interior.

Después, la pandemia modificó esa dinámica y aceleró la incorporación de herramientas tecnológicas. Es parte de una transformación muy grande que pude observar desde mis comienzos, cuando todavía trabajábamos con máquinas de escribir, hasta la informatización y las actuales audiencias orales.

—¿Qué significó finalmente ver implementado el sistema acusatorio después de tantos años trabajando por la reforma?

—La reforma del Código Procesal Penal es algo enorme. Hoy no dimensionamos todavía, pero Corrientes hizo un cambio de paradigma.

En lo personal, para mí fue un privilegio poder ser juez de este sistema acusatorio con el que soñamos tanto tiempo.

—¿Qué cambió para las personas que recurren al sistema de Justicia?

—Cuando encuentran en el sistema de justicia una mirada humana, un defensor que escucha al imputado, un fiscal que atiende a las víctimas, cuando van a una audiencia y el juez puede explicarles de forma clara lo que está pasando, entonces esto mejora la calidad del servicio de justicia.

El nuevo sistema permitió fortalecer la participación de las víctimas y generar una relación diferente entre la ciudadanía y los operadores judiciales.

—En su trayectoria también impulsó herramientas vinculadas con la mediación y la justicia restaurativa. ¿Cómo surgió ese trabajo?

—Desde el Juzgado de Correccional comenzamos tempranamente a incorporar la oralidad en las audiencias vinculadas a la suspensión del juicio a prueba y avanzamos en experiencias relacionadas con la justicia restaurativa y la atención de las víctimas.

También trabajamos en la conformación de redes con instituciones para brindar contención a víctimas, particularmente en situaciones de violencia de género. Posteriormente impulsamos modificaciones normativas que permitieron incorporar la mediación penal en Corrientes y, una vez implementada, participé como capacitadora del Centro Judicial de Mediación recorriendo distintos puntos de la provincia.

—Dentro de ese recorrido profesional hubo también un momento profundamente personal: la partida de su hijo Maxi. ¿Cómo atravesó esa experiencia?

—Fue mientras se preparaban las capacitaciones para la implementación del nuevo sistema procesal penal. Aun con el corazón destruido, entendí que también tenía un compromiso con el sistema del Servicio de Justicia y que tenía que poder aprender a vivir con esto.

Maxi fue un gran maestro. Esa experiencia me llevó a volver más a lo esencial, a ir liberando mochilas y a construir también desde el dolor a la persona que soy hoy.

—De ese proceso también surgió su participación en Renacer.

—Sí. Renacer me vinculó con otros padres que atravesaron la pérdida de un hijo. Es un servicio que es un homenaje, es un homenaje a Maxi.

La experiencia de Maxi, que durante toda su vida convivió con una enfermedad y requirió distintos acompañamientos, también me acercó a la realidad de las personas con discapacidad y a las dificultades que enfrentan muchas familias que no disponen de los mismos recursos para garantizar atención, educación y acompañamiento.

—Después de la implementación del nuevo Código, ¿qué considera que todavía debe profundizarse dentro del sistema penal?

—Es necesario fortalecer el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. También tenemos desafíos pendientes muy importantes, como la implementación del sistema penal juvenil y el juicio por jurados.

El juicio por jurados está previsto tanto en el Código Procesal Penal provincial como en las constituciones Nacional y Provincial. Son sueños y transformaciones que todavía quedan por concretar.

—¿La jubilación significa entonces cerrar definitivamente su vínculo con el sistema de Justicia?

—No. Renuncio al cargo de juez, pero no a los sueños de seguir contribuyendo desde los conocimientos y la experiencia adquirida en todos estos años para la mejora del Poder Judicial y del sistema de justicia penal.

Voy a estar siempre al servicio de la justicia y al dejar la función de juez, tendré más tiempo a trabajar en todas las capacitaciones en las que pueda ser de utilidad.

—Si tuviera que resumir qué atravesó estos 32 años de carrera, ¿qué elegiría?

—Siempre con el corazón en el servicio de justicia, que es el servicio que elegí.