Finalmente, la Justicia decretó la quiebra de Carsa S.A., la firma chaqueña controlante de la cadena de venta de electrodomésticos Musimundo. La medida dejó sin efecto la apertura del concurso preventivo que la compañía había obtenido el 17 de julio, tras un proceso judicial y comercial atravesado por el cierre masivo de sucursales en la región, el fracaso de una posible venta y un severo deterioro financiero que arrastraba desde hace meses.
El fin del salvataje judicial
La decisión judicial fue adoptada este 2 de septiembre de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, a cargo del magistrado Fernando Luis Lavenas. Según informó la propia empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional de Valores, el tribunal revocó la resolución previa y recaratuló el expediente al entender que existían hechos reveladores del estado de cesación de pagos, de acuerdo a la Ley de Concursos y Quiebras, lo que hacía inviable la continuidad del salvataje preventivo.
Cierres masivos y pérdida de fuentes laborales
El desenlace judicial llega luego de que el directorio de la firma aprobara un plan de reducción de estructura que se materializó en el cierre de 20 sucursales en el nordeste del país, afectando de lleno a las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Esta contracción operativa dejó a más de 100 trabajadores sin empleo y estuvo seguida por el reciente fracaso en las negociaciones para transferir 45 locales comerciales a los propietarios de la cadena On City.
Un pasivo multimillonario y antecedentes de crisis
La situación contable de la compañía presentaba complicaciones insalvables, con una deuda concursal declarada que asciende a los 63.500 millones de pesos. Adicionalmente, a fines de mayo de este año, la firma registraba pasivos bancarios por aproximadamente 3.060 millones de pesos, siendo el Banco Nación su principal acreedor. Esta quiebra representa el punto final de una larga crisis para la empresa, que ya había tenido que recurrir a un concurso de acreedores en el año 2018 para reestructurar sus pasivos.
Los próximos pasos en el expediente
A partir de esta nueva resolución, el tribunal dispuso la continuidad de la sindicatura ya designada en el expediente, la cual se encuentra a cargo del Estudio Contable Benítez. Asimismo, el magistrado mantuvo las fechas establecidas para las próximas etapas del proceso judicial, fijando el 6 de noviembre de 2026 como límite para la presentación de los pedidos de verificación de créditos, mientras que los informes individuales y generales deberán ser presentados en marzo y junio de 2027, respectivamente.
