El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) formalizaron un Memorándum de Entendimiento destinado a fortalecer la cooperación institucional y desarrollar acciones conjuntas orientadas a garantizar los derechos, la protección integral y el acceso efectivo a la justicia de niñas, niños y adolescentes.
El acuerdo se enmarca en el compromiso del Poder Judicial de Corrientes con el pleno cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y se articula con el mandato de UNICEF y con el Programa de Cooperación acordado entre el Gobierno Nacional y UNICEF para el período 2026-2030.
Una agenda conjunta para la protección de la niñez
A partir de este Memorándum, ambas instituciones se comprometen a impulsar políticas y programas destinados a que niñas, niños y adolescentes puedan vivir libres de violencia y acceder a servicios especializados de protección y justicia que brinden respuestas efectivas y oportunas ante situaciones de vulneración de derechos.
Entre los principales ejes de cooperación se encuentra el fortalecimiento de las capacidades de magistrados, funcionarios y operadores judiciales, promoviendo intervenciones integrales, articuladas y respetuosas de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Asimismo, el convenio prevé avanzar en la coordinación intersectorial para garantizar la protección integral y mejorar los procesos judiciales que involucran a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, así como fortalecer los sistemas de información y los registros disponibles.
Justicia juvenil con enfoque restaurativo
Uno de los aspectos centrales del acuerdo está vinculado con el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal. El Memorándum establece como objetivo ampliar la utilización de medidas alternativas al proceso penal y medidas socioeducativas no privativas de libertad, incorporando un enfoque restaurativo orientado a promover la responsabilización subjetiva, la reparación del daño y la reintegración social de las y los adolescentes.
Esta línea de trabajo adquiere particular relevancia en el actual proceso de implementación y fortalecimiento del sistema de justicia penal juvenil en la Provincia de Corrientes y permitirá profundizar la formación y especialización de quienes intervienen en este ámbito.
Articulación federal y prevención de las violencias
El acuerdo contempla además la participación activa del Poder Judicial de Corrientes en la Red de Jueces y Juezas comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, coordinada por UNICEF e integrada por autoridades y referentes de poderes judiciales de todo el país. Este espacio permitirá fortalecer el intercambio de experiencias, estrategias institucionales y buenas prácticas.
También se desarrollarán estrategias integrales de prevención, sensibilización y abordaje de las violencias contra niñas, niños y adolescentes, incluidas aquellas que se producen en entornos digitales, promoviendo su detección temprana y mecanismos adecuados de intervención y protección.
Un compromiso institucional con una justicia especializada
La firma del Memorándum consolida una línea estratégica del Superior Tribunal de Justicia orientada a construir respuestas judiciales cada vez más especializadas, interdisciplinarias y centradas en la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
La cooperación con UNICEF permitirá generar instancias de trabajo conjunto, fortalecer las capacidades institucionales y promover herramientas y buenas prácticas que acompañen a magistrados, funcionarios y operadores judiciales en el desafío de brindar respuestas adecuadas a las particularidades de la niñez y la adolescencia.
El Memorándum prevé la designación de responsables institucionales para el seguimiento de la cooperación y habilita la conformación de grupos de trabajo conjuntos encargados de supervisar el desarrollo y ejecución de las actividades acordadas.
De esta manera, el Poder Judicial de Corrientes profundiza su compromiso con una justicia que no solo intervenga ante la vulneración de derechos, sino que sea capaz de prevenir, proteger, acompañar y generar respuestas adecuadas para cada niña, niño y adolescente que entre en contacto con el sistema judicial.
