La central obrera cuestionó la modalidad virtual del Consejo del Salario y reclamó una discusión presencial. Además, advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo y pidió que el salario mínimo llegue a $993.300 en diciembre.

La discusión por el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó nuevamente atravesada por el conflicto entre el Gobierno y las centrales sindicales. La CGT cuestionó la modalidad de la convocatoria y decidió no convalidar una instancia que, según denunció, no garantiza una negociación real entre trabajadores, empresarios y el Estado.

Del lado empresario, en cambio, la oferta fue un aumento del 1,8% sobre el salario mínimo vigente ($376.600 en agosto) y subas del 1,7% desde octubre hasta abril. Desde la CTA señalaron que el incremento inicial representaba menos de $7.000 y sostuvieron que la propuesta cerró cualquier posibilidad de entendimiento. “Los $6.700 de aumento que propuso el sector empresario cerró todo tipo de acuerdo”, habían advertido previamente desde la central.

En un duro comunicado difundido este viernes, CGT obrera reclamó que las comisiones que integran el Consejo del Salario se reúnan de manera presencial y cuestionó que se mantenga el formato virtual pese a la importancia de la discusión, que alcanza directamente a los ingresos de millones de trabajadores. Para la CGT, no existe una justificación para impedir el debate cara a cara.

El documento lleva como título “Sin diálogo real no hay acuerdo posible” y plantea que el salario mínimo atraviesa una fuerte pérdida de poder adquisitivo y se encuentra cada vez más alejado de los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora.

La CGT denuncia una “puesta en escena”

La central sindical fue especialmente crítica con la forma en que el Gobierno lleva adelante el Consejo del Salario. Afirmó que no está dispuesta a participar de una instancia que considera meramente formal y advirtió que el Ejecutivo se aleja de un esquema de diálogo social efectivo.

“En estas condiciones, la CGT no va a convalidar una puesta en escena del Gobierno”, sostuvo la organización en su comunicado, en el que cuestionó además la ausencia del titular de la Secretaría de Trabajo en la convocatoria.

Para la central obrera, una convocatoria no alcanza por sí misma para garantizar el diálogo. El intercambio debe permitir una verdadera negociación, con participación de trabajadores, empleadores y Estado, y con la posibilidad de alcanzar consensos. La CGT recordó además que había planteado esta situación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que —según el documento— instó al Gobierno argentino a adoptar medidas para garantizar un diálogo social efectivo.

El reclamo por el salario mínimo

Más allá del conflicto institucional, la CGT puso el foco en el deterioro del salario mínimo y reclamó que deje de funcionar como un ingreso insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

La organización cuestionó que las propuestas empresarias de aumento sean insuficientes y sostuvo que el Gobierno viene avalando esa posición. En ese sentido, insistió en que el salario mínimo debe permitir que quienes trabajan puedan vivir dignamente.

El reclamo concreto de la central obrera es que el Salario Mínimo, Vital y Móvil no quede por debajo de los $911.202 y alcance los $993.300 en diciembre de este año.

La CGT también vinculó la discusión salarial con una cuestión más amplia: la distribución del ingreso. En el cierre de su documento reclamó una “equitativa puja distributiva” y sostuvo que el salario debe reconocer el esfuerzo de los trabajadores, su dignidad y su aporte a la generación de riqueza.

El desenlace deja nuevamente en evidencia la distancia entre el Gobierno y las centrales sindicales en una discusión clave para el mundo del trabajo. Mientras la CGT reclama una negociación presencial y con capacidad efectiva de alcanzar acuerdos, el conflicto sobre la modalidad del Consejo del Salario amenaza con volver a dejar la definición del nuevo piso salarial en manos del Ejecutivo.

Las centrales sumaron a sus reclamos el restablecimiento y la actualización del programa Volver al Trabajo, surgido de la ley de creación del Salario Social Complementario y posteriormente derogada por el Gobierno. De acuerdo con el comunicado sindical, esa decisión perjudicó a 956.000 trabajadores, principalmente mujeres que realizan tareas en comedores, merenderos y otras actividades sociales.

En ese contexto, la CTA apuntó también contra las entidades empresarias que participaron de la negociación, entre las que mencionó a la UIA, CAME y AEA. Calificó la oferta de aumento como “una verdadera vergüenza” y sostuvo que profundizaría el deterioro del poder adquisitivo, al tomar como referencia un salario mínimo que, según la central, se encuentra prácticamente en la mitad de lo necesario para cubrir la canasta de indigencia.