Organizaciones y prestadores denuncian aranceles atrasados, compensaciones impagas y pensiones frenadas. El Ejecutivo rechaza ese diagnóstico. La emergencia vence a fin de año y la oposición presentó un proyecto para prorrogarla.

Hace un año, el Congreso sancionó la ley que declaró la emergencia nacional en discapacidad. Hace seis meses, después de un fallido veto presidencial y una orden judicial, el Gobierno finalmente la reglamentó. Y cuando quedan cuatro meses para que la emergencia pierda vigencia —a menos que exista una prórroga—, las organizaciones del sector y los prestadores de servicios para personas con discapacidad sostienen que la ley se aplicó a medias y que la situación sigue siendo crítica: que los aranceles que cobran las instituciones continúan sin cubrir sus costos de funcionamiento, que las prestaciones se deterioran y se reducen, y que, al mismo tiempo, el Gobierno nacional demora la aprobación de pensiones no contributivas por discapacidad, aunque en el Ministerio de Salud rechazan este diagnóstico. Mientras tanto, se anticipa otra posible disputa parlamentaria hacia fin de año.

La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tuvo un recorrido difícil: los primeros días de junio de 2025, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y en julio se convirtió en ley en el Senado. Como se esperaba, a principios de agosto, el presidente Javier Milei la vetó. Pero, antes de que termine ese mes, la oposición consiguió las mayorías para rechazar el veto en Diputados y, en septiembre, lo mismo hizo el Senado, con lo cual la norma quedó ratificada.

Sin embargo, aunque días más tarde el Gobierno nacional promulgó la ley, al mismo tiempo suspendió su aplicación hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. La discusión siguió en sede judicial: en diciembre, la Justicia Federal declaró la invalidez del artículo del decreto que suspendía la aplicación de la ley, y ordenó al Ejecutivo su “inmediata puesta en marcha”. Recién en febrero de este año, el Gobierno nacional terminó por reglamentarla.

La norma declaró la emergencia en materia de discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. Una parte de la ley apunta al sistema de prestaciones para las personas con discapacidad (centros de día; hogares permanentes; centros educativos terapéuticos; servicios de estimulación temprana, prestaciones de apoyo, de rehabilitación, alimentación y transporte).

Esos servicios son cubiertos fundamentalmente por tres fuentes: el PAMI; las obras sociales nacionales y prepagas bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y el programa médico-asistencial “Incluir Salud”, al que acceden quienes tienen una pensión no contributiva.

Hasta la sanción de la emergencia, los aranceles que podían cobrar los prestadores venían críticamente atrasados respecto de la inflación de los años previos. La ley obligó al Estado a financiar una compensación por el atraso acumulado entre los aranceles y la inflación, estableció que esos valores se actualicen de manera automática desde el 1° de enero de 2025, y ordenó realizar un estudio de costos mientras dure la emergencia, para que los aranceles reflejen lo que efectivamente cuesta brindar cada servicio.

Por otra parte, la norma creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, que reemplazó el criterio que se basaba en una “invalidez laboral” por uno de vulnerabilidad social. El beneficio equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio y pasó a ser compatible con tener un empleo registrado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Pero, más allá del pago, la pensión es lo que hace posible acceder al mencionado programa “Incluir Salud” que debe cubrir las prestaciones para personas con discapacidad.

Pablo Molero es sacerdote, coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y dirige un centro terapéutico para chicos de familias de bajos recursos en el Bajo Flores. “La ley se ha cumplido a medias. Establecía que a partir del primero de enero del 2025 había que fijar el nuevo arancel: fijó el nuevo arancel, y se comenzó a actualizar mes a mes por inflación. Pero el cálculo de actualización se realizó sobre diciembre del 2024. Es decir, no consideró el aumento inflacionario entre 2023 y 2024, con lo cual la actualización mensual ya parte de una base atrasada. Calculamos que hay un 40% de atraso”, dijo a TN.

El valor de las prestaciones lo fija formalmente un Directorio de mayoría estatal, integrado por el Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Discapacidad, el PAMI, la SSS, y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluye al Foro que conduce Molero. Ante una consulta de este medio, el Ministerio de Salud nacional rechazó que exista un atraso, afirmó que la actualización desde enero de 2025 partió de “una base arancelaria correcta y consensuadamente acordada en el Directorio” y que recomposiciones tarifarias durante ese año superaron la inflación del periodo previo.

Más allá de la disputa por la base de cálculo del aumento mensual, la ley estableció una compensación de emergencia por los servicios ya prestados entre fines de 2023 y 2024, período en el que los aranceles quedaron muy por detrás de la inflación. Esa diferencia debía ser cubierta por el Tesoro nacional. El proceso administrativo se puso en marcha y los prestadores cargaron las facturas de los servicios dados en ese lapso (se estiman decenas de miles de facturas), pero el pago todavía no se efectuó. Y, según señalan los prestadores de servicio, como se trata de una compensación puntual, calculada por la inflación del período 2023-2024, el monto que se vaya a pagar pierde valor mes a mes frente a la inflación posterior: es decir, la eventual compensación por un servicio puntual dado hace dos años representa cada vez menos respecto de los costos actuales del mismo servicio, que suben mes a mes.

El proceso administrativo de la compensación involucra al Ministerio de Salud, la SSS, PAMI, ARCA y, en última instancia, al Ministerio de Economía: “No hay una fecha fija, ya que los plazos están sujetos a la validación y tiempos administrativos de dichos organismos”, contestan en la cartera sanitaria.

Prestaciones en crisis

Daniel Ramos es el presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS). En diálogo con TN, describe cómo se traduce en la práctica el desfasaje entre aranceles y costos: “Una pregunta es, bueno, ‘¿cuántas instituciones cerraron?’ Sé que cerraron, pero no una enorme cantidad, porque es muy difícil tomar la decisión de cerrar una institución. Lo que está pasando es que caen prestaciones. No cierran, pero la situación es de un deterioro concreto. Dejan de darse prestaciones, se van degradando”.

“Muchos hogares son asociaciones de padres, son los propios padres los que tienen que abrir la institución, porque en parte es donde van sus hijos. Aunque debería estar incluida en la prestación, lo que se cobra por el servicio no alcanza para cubrir la comida. Entonces tienen que buscar fondos para pagar la comida. Los transportes (traslado de personas con discapacidad), esenciales para cualquier servicio ambulatorio, no están funcionando los cinco días de la semana, porque los costos, dolarizados, subieron por encima de la inflación, y entonces pasan a trabajar tres veces por semana o a no llegar hasta ciertos lugares”. Y resume: “En este contexto, ¿una institución cerró? No. Pero cierra a la mitad”.

La ley establece, además, que debe llevarse adelante un “estudio de costos”, para que los aranceles reflejen lo que efectivamente cuesta brindar cada servicio y se contemplen variables que afectan al sistema y que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría no considerar en el cálculo inflacionario. Según señalan las organizaciones del sector, hasta ahora no se produjo ninguna convocatoria para hacer tal estudio. Consultado al respecto, el Ministerio de Salud respondió que, para atender variables no reflejadas en el IPC, el esquema de prestaciones ya reconoce un adicional del 20% para la región patagónica, y que, por otro lado, la realización del estudio de costos “es competencia directa del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas”, el órgano que fija los aranceles. Ese Directorio, de mayoría estatal, se reunió solo dos veces en lo que va del año.

Como se mencionó, la otra pata de la ley es la de las pensiones. En marzo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Salud sobre el estado de las solicitudes de pensiones no contributivas por discapacidad. La respuesta llegó en junio: había, quitando las solicitudes que no completaron la documentación, más de 227 mil expedientes en espera de resolución. El 72% de esos trámites habían sido iniciados antes de fines de 2023. En casi dos años y medio, desde el inicio de la actual gestión, se habían otorgado 8.633 pensiones.

Consultado por TN, el Ministerio de Salud reconoció que hoy hay aproximadamente 313.000 expedientes pendientes, aunque señaló que ese stock llegó a superar los 626.000 y que la reducción respondió al “saneamiento” de trámites sin requisitos mínimos, duplicados o archivados por falta de respuesta del solicitante. Según la cartera, 15.243 expedientes se encuentran ahora en la etapa final, de emisión y firma del acto administrativo.

La emergencia vence en cuatro meses: una posible disputa en el Congreso
La emergencia en discapacidad vence, según la ley, el 31 de diciembre de este año, aunque la misma norma establece que puede prorrogarse por un año más. El interrogante, entre organizaciones y prestadores de servicios para personas con discapacidad, es qué pasa entonces con lo que todavía no se cumplió: si las compensaciones pendientes, el estudio de costos o el nuevo régimen de pensión no contributiva seguirían en pie una vez vencida la emergencia.

“Nos estamos reuniendo con legisladores: algunos creen que debería prorrogarlo el Gobierno, otros que debería hacerlo el Congreso. En cualquier caso, hay que juntar los votos o que el Gobierno tenga alguna decisión política de hacerlo, que no parece que vaya a suceder”, advierte Molero, quien también señala la posibilidad de que en las próximas semanas vuelvan a movilizarse organizaciones, prestadores y personas con discapacidad.

“Lo grave es que, hagas las movilizaciones que hagas, lo que sea, no te dan pelota. Esa es la realidad”, agrega.

En los últimos días, diputados nacionales de distintos bloques opositores presentaron un proyecto para prorrogar por un año más la emergencia en discapacidad. La iniciativa cuenta con adhesiones de ocho bloques: Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Primero San Luis. La discusión vuelve al Congreso.