Establecimiento ganadero acusa al titular de un campo vecino de dos construcciones sin autorización ambiental ni hídrica y que provocaron serios daños.
Una firma ganadera de Esquina presentó una denuncia ante el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa en la que asegura haber sufrido graves consecuencias productivas y ambientales a partir de la construcción de dos terraplenes sobre el arroyo Sarandí en esa localidad correntina. Las obras no contarían con autorización ambiental ni hídrica y habrían alterado el escurrimiento natural de las aguas en una zona rural esquinense.
La presentación fue realizada por Carrandi S.A., propietaria del establecimiento La Isabel, ubicado en el Paraje Malvinas, Cuarta Sección del departamento de Esquina. La firma accionó formalmente contra el titular del campo vecino El Curupí, al que atribuye la ejecución de dos grandes terraplenes construidos sobre el cauce del arroyo Sarandí.
El planteo, patrocinado por los abogados Marcos Chiappe e Ignacio Barry, ya ingresó al Icaa y sostiene que la intervención sobre el curso de agua modificó el comportamiento hídrico de la zona. De acuerdo con la documentación incorporada, la obra habría funcionado como una barrera al escurrimiento natural y provocado la acumulación extraordinaria de agua durante períodos prolongados en el área.
Las imágenes aéreas incorporadas a la presentación permiten observar, según la parte denunciante, la dimensión de los terraplenes. De hecho, las imágenes se pueden observar en una publicación de la web Actualidad Esquina. En el terreno se distingue un extenso muro de tierra que interrumpe el recorrido natural del agua y que, siempre de acuerdo con la denuncia, terminó transformando el sector en una suerte de embalse artificial.
El efecto de esa obstrucción se habría hecho sentir especialmente durante los períodos de creciente. La denuncia sostiene que los anegamientos dejaron de drenar con la dinámica habitual y permanecieron durante semanas e incluso meses, generando un escenario de inundación prolongada en los campos de la zona.
PÉRDIDAS
Las consecuencias económicas para La Isabel fueron importantes. La firma sostiene que 35 novillos murieron ahogados como consecuencia de la creciente, mientras que alrededor de 2.000 animales padecieron la falta de pasturas y un proceso de desnutrición. Según la estimación presentada, cada cabeza perdió en promedio unos 45 kilos, lo que representa una merma productiva total de aproximadamente 90.000 kilos de carne.
A ese perjuicio se sumó la imposibilidad de utilizar normalmente el establecimiento durante seis meses. La situación obligó además a realizar un operativo de emergencia para trasladar unas 250 cabezas de ganado hacia otros predios, con el objetivo de evitar nuevas pérdidas ante el avance y la permanencia de las aguas.
La denuncia no se limita, sin embargo, al impacto sobre la explotación ganadera. El planteo incorpora una preocupación más amplia por las consecuencias que una modificación artificial del drenaje puede generar aguas arriba y en otros sectores de la región.
En ese punto aparece la situación del municipio de Malvinas, donde se vienen registrando severos anegamientos. La presentación advierte sobre el impacto ambielal y territorial que tendría el cierre o reducción de las vías naturales de drenaje en una zona atravesada por el río Sarandí y caracterizada por extensos malezales.
Según la firma denunciante, el prolongado anegamiento del malezal por donde cruza el río podría estar vinculado con este tipo de obras privadas, descriptas en el escrito como pólderes o taponamientos artificiales. La hipótesis es que, al dificultarse el escurrimiento, el agua rebalsa y extiende sus efectos sobre una superficie mayor.
Entre las pérdidas, el denunciante plantea la pérdida de 35 novillos que murieron ahogados, además unas 2.000 cabezas perdieron peso y el establecimiento permaneció seis meses inoperativo.
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