El documento reúne el trabajo desarrollado durante el último año en materia de control y monitoreo de lugares de encierro, instituciones de salud mental, dispositivos de cuidado para niños, niñas y adolescentes y hogares para personas mayores de toda la provincia.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes respaldó al Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes en el marco de la presentación del Informe Anual 2025-2026. "Yo les aseguro que vamos a evitar un montón de problemas. Qué más inteligente, qué más económico, qué más saludable y qué más útil que prevenir”, sostuvo el ministro, doctor Alejandro Alberto Chain.
El Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes presentó este viernes 7 de agosto su Informe Anual 2025-2026, un documento que reúne el trabajo desarrollado durante el último año en materia de control y monitoreo de lugares de encierro, instituciones de salud mental, dispositivos de cuidado para niños, niñas y adolescentes y hogares para personas mayores de toda la provincia.
La actividad contó con la participación del ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Alejandro Alberto Chain; el presidente del Comité, doctor Jorge Eduardo Isetta; la comisionada Sofía Domínguez; representantes de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Provincial; integrantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil; autoridades de distintos organismos públicos y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos la subsecretaria de Seguridad de Corrientes, Ingrid Jetter. También asistieron representantes de organismos vinculados a la promoción y defensa de los derechos humanos.
El Informe Anual 2025-2026 sistematiza las inspecciones realizadas en unidades penales, comisarías, dispositivos de alojamiento para niños, niñas y adolescentes, hogares para personas adultas mayores e instituciones de salud mental. Además, documenta las intervenciones institucionales, las acciones de capacitación dirigidas a fuerzas policiales y penitenciarias, los convenios celebrados con organismos públicos e instituciones, el trabajo conjunto con organizaciones especializadas y las recomendaciones elaboradas para fortalecer la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en la provincia.
FORTALECER POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS
Durante la apertura, el doctor Chain felicitó el trabajo realizado por el Comité y destacó la importancia de fortalecer institucionalmente al organismo para consolidar las políticas de prevención y protección de los derechos humanos.
En su mensaje, el ministro del Superior Tribunal de Justicia sostuvo que el fortalecimiento del Comité constituye una herramienta fundamental para evitar vulneraciones de derechos y promover mejoras institucionales. “Qué más inteligente, qué más económico, qué más saludable y qué más útil que prevenir”, dijo y agregó; “Hay que darle respaldo presupuestario al Comité, al mecanismo provincial. Yo les aseguro que vamos a evitar un montón de problemas. Qué más inteligente, qué más económico, qué más saludable y qué más útil que prevenir. Los viejos médicos decían ‘curar en salud’ y el refranero popular afirma que más vale prevenir que curar”.
Asimismo, remarcó la necesidad de continuar perfeccionando el sistema institucional y reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la labor preventiva que desarrolla el organismo.
DETALLES DEL INFORME
Durante la presentación, el presidente del Comité, doctor Jorge Eduardo Isetta, destacó que el informe es el resultado de un trabajo sostenido durante todo el año y del acompañamiento de distintas instituciones. “El informe refleja un año completo de monitoreos y recomendaciones para fortalecer las políticas públicas”, aseguró.
“Las instituciones fueron monitoreadas prácticamente en su totalidad y el informe refleja el trabajo de todo un año. También contamos con la colaboración de prácticas profesionales de la Universidad Nacional del Nordeste, lo que permitió realizar un relevamiento completo de las unidades penitenciarias, comisarías y hogares residenciales de niños y adultos”, explicó Isetta.
Por su parte, la comisionada Sofía Domínguez explicó que el documento, de casi 500 páginas, reúne tanto el diagnóstico de la situación provincial como las acciones desarrolladas por el organismo y las recomendaciones destinadas a distintos poderes del Estado.
“Este informe recoge toda la actuación de todo el año y de las inspecciones y monitoreos en todos los lugares donde hay personas bajo custodia estatal. Además de rendir cuentas sobre nuestra actuación, formula doce recomendaciones dirigidas a distintos organismos para avanzar en la protección de los derechos humanos y fortalecer las políticas públicas”.
Además del monitoreo de los lugares de encierro, el documento analiza las condiciones de niños, niñas y adolescentes alojados en dispositivos de cuidado bajo guarda estatal, así como de jóvenes, personas adultas y adultos mayores institucionalizados en hogares y en el hospital de salud mental.
Entre los principales ejes abordados se encuentran las situaciones de tortura y malos tratos en contextos de encierro, las condiciones de detención, la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios y policiales, la realidad de los adolescentes alojados en centros de responsabilidad penal juvenil y las muertes registradas en contextos de encierro.
Momarandú
