El anuncio de Managua eliminó cualquier apariencia democrática y abrió la puerta a sanciones económicas más amplias, restricciones de visas y una ofensiva diplomática coordinada desde Washington

WASHINGTON.- Si en el último tiempo el régimen que encabezan Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, había logrado mantenerse en la periferia del radar regional de la administración de Donald Trump, más centrado en la intervención en Venezuela, la presión in crescendo sobre Cuba y el combate contra el narcoterrorismo, el anuncio del presidente nicaragüense de que “no volverá a haber elecciones” en su país podría finalmente detonar un cambio en la estrategia de la Casa Blanca.

El primero en advertirlo fue el propio secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los funcionarios más influyentes del gobierno norteamericano, quien rechazó en duros términos la decisión de la pareja presidencial con la que canceló de facto las próximas elecciones en el país centroamericano, previstos para noviembre de 2027.

“La administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó Rubio, que agregó que la medida deja al descubierto “su verdadera naturaleza autoritaria”.

El duro tono empleado por Rubio y por el Departamento de Estado, mediante un comunicado en el que hizo un “llamado a la acción” a la comunidad internacional, abrió la puerta a que la administración Trump refuerce la presión sobre el régimen y apuntale los esfuerzos democráticos de la oposición en Managua, evaluaron en Washington.

“La declaración/confesión de Ortega no es sorprendente en lo mas mínimo. Las elecciones ya habían perdido toda credibilidad, desde 2021. Esto sí elimina cualquier pretensión de legitimidad democrática ya que están reconociendo abiertamente que no permitirán la alternancia política", señaló a LA NACION María Fernanda Bozmoski, responsable para Centroamérica del Centro Adrienne Arsht para América Latina, del Atlantic Council, en esta capital.

"Eso facilita que la administración Trump justifique medidas más contundentes, no solo como respuesta a violaciones de derechos humanos, sino frente a una dictadura que cerró explícitamente la vía electoral", añadió la especialista, quien remarcó que el anuncio de Ortega se produjo después de que la Casa Blanca comenzara a enfocarse con mayor precisión en la arquitectura financiera del régimen.

El 16 de abril pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro había sancionado a cinco personas -entre ellos dos de los hijos de Ortega y Murillo- y siete empresas que operan en el sector del oro de la economía nicaragüense y que “ayudan a la dictadura a generar dinero y mantener el control político” del país.

“La declaración de Ortega [sobre las elecciones] podría acelerar el paso de sanciones individuales a una presión económica más amplia“, dijo Bozmoski. En el menú de opciones está una ampliación de las sanciones contra familiares, funcionarios, empresas exportadoras, bancos y operadores logísticos que sostienen al régimen.

La administración republicana también podría aumentar las restricciones de visas y aplicar sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con personas o entidades bloqueadas. La especialista detalló que el principal punto de presión es el oro, una de las exportaciones más importantes de Nicaragua y una fuente importante de divisas para el régimen.

En abril, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había advertido que la dictadura “buscó llenar sus propias arcas” utilizando a compañías auríferas y a sus “cómplices”, al confiscar inversiones estadounidenses ilícitamente. “Seguiremos atacando las fuentes de ingresos que fortalecen al régimen corrupto de Ortega y Murillo”, afirmó en aquel momento.

Ni Cuba ni Venezuela
Durante los últimos años, en la consideración de la Casa Blanca el régimen nicaragüense ocupó un lugar de atención política más contenida que el del chavismo en Venezuela o el castrismo en Cuba.

Incluso, más allá de algunas medidas de presión, se mantuvieron canales de comunicación y cooperación contra el narcotráfico, temas migratorios y comerciales bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana (Cafta), con empresas norteamericanas activas en textiles, agroindustria, carne, café, oro y zonas francas.

“¡Nicaragua es la siguiente! El despreciable régimen criminal de Ortega-Murillo es una banda terrorista que administra un país como si fuera una finca personal. ¡A estos matones hay que sacarlos del Cafta por sus innumerables crímenes contra la humanidad, incluyendo ahora la eliminación de todas las elecciones en el país!“, exigió el congresista republicano Carlos Giménez (Florida), en un mensaje en X en el que publicó la foto del expresidente venezolano Nicolás Maduro esposado tras ser capturado por fuerzas norteamericanas el 3 de enero en Caracas.

En su mensaje este martes, Rubio sostuvo además que "el compromiso de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense", mientras que el Departamento de Estado apuntó contra el presidente y su esposa, que cogobiernan el país con puño de hierro desde hace casi 20 años, de haber “abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular”.

En su discurso en Managua -el domingo, durante el aniversario de la Revolución Sandinista-, Ortega además arremetió contra Washington, y afirmó que “se acabó la historia de que los partidos puestos por los ‘yanquis‘, por los ‘somocistas’, vuelvan a ‌llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás“.

“El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas. Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático", advirtió el Departamento de Estado.

Esa colaboración internacional a la que llamó Rubio podría derivar en sanciones y restricciones de visas coordinadas, acciones contra la represión transnacional y la documentación de abusos de los derechos humanos, denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW), entre otros organismos y ONG.

“Costa Rica es particularmente importante porque alberga a una gran comunidad nicaragüense y sufrió sufrido directamente las consecuencias de la represión transnacional. Países como Panamá, la Argentina y otras democracias regionales también pueden utilizar la Organización de los Estados Americanos [OEA] y espacios diplomáticos para mantener la presión” sobre el régimen, señaló Bozmoski.

Por Guillermo Idiart

La Nación