La restricción alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario, con excepciones pedagógicas o por situaciones de fuerza mayor.

La Cámara de Diputados del Chaco aprobó por unanimidad la ley que establece un marco provincial para regular el uso de celulares en las escuelas. La norma alcanza a instituciones educativas de gestión estatal y privada de los niveles inicial, primario y secundario.

El proyecto fue sancionado durante la sesión ordinaria N° 8 y obtuvo 30 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones. La votación reflejó un amplio consenso político alrededor de una discusión que atraviesa a docentes, estudiantes, familias y equipos directivos: cómo ordenar la presencia de los dispositivos móviles dentro del aula.

La ley no solo contempla teléfonos celulares, sino también otros dispositivos electrónicos móviles, redes sociales, servicios de streaming, mensajería instantánea y aplicaciones que no tengan una finalidad exclusivamente educativa.

Qué establece la nueva ley
La norma fija criterios generales para limitar el uso de dispositivos durante la jornada escolar, con el objetivo de reducir distracciones, mejorar la convivencia y preservar los espacios de aprendizaje.

Sin embargo, no se trata de una prohibición absoluta. El texto aprobado permite excepciones cuando el uso del celular tenga una finalidad pedagógica, institucional o de accesibilidad, o cuando existan razones de fuerza mayor debidamente justificadas.

En esos casos, la utilización del dispositivo deberá contar con autorización y las razones deberán ser comunicadas a la institución y, cuando corresponda, a los padres, madres o tutores.

Qué cambia en cada nivel educativo
La regulación tendrá una aplicación diferenciada según el nivel educativo. En el nivel inicial, el uso de celulares quedará restringido durante toda la jornada escolar. El objetivo es priorizar entornos libres de pantallas y favorecer actividades vinculadas al juego, la socialización y el desarrollo temprano.

En el nivel primario, los dispositivos solo podrán utilizarse en actividades pedagógicas específicas y bajo supervisión docente. La regla general será que el celular no forme parte de la rutina escolar cotidiana, salvo cuando sea incorporado como herramienta de aprendizaje.

En el nivel secundario, el uso estará prohibido durante las clases, excepto cuando exista una autorización expresa del personal docente o directivo por razones pedagógicas, institucionales o de accesibilidad.

El Ministerio de Educación deberá reglamentar la aplicación
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco será la autoridad de aplicación de la ley. Tendrá a su cargo el diseño de un programa provincial para el uso responsable de las tecnologías de la información en el sistema educativo.

Ese programa deberá incluir un cronograma de implementación progresiva, atendiendo las características de cada institución. De esta manera, la aplicación de la ley no quedará librada únicamente al criterio de cada escuela, sino que deberá organizarse como una política educativa provincial.

La reglamentación será clave para definir los procedimientos concretos, los plazos de aplicación y las pautas que deberán seguir los establecimientos educativos.

Acuerdos de convivencia e inteligencia artificial
Otro punto central de la ley es que cada institución deberá incorporar reglas sobre el uso de tecnologías digitales, teléfonos celulares e inteligencia artificial dentro de sus Acuerdos Escolares de Convivencia.

Esas pautas deberán construirse mediante procesos participativos con estudiantes, docentes, directivos y familias. La intención es que las reglas no sean solo una imposición administrativa, sino parte de un acuerdo institucional sobre el uso responsable de la tecnología.

La aprobación llegó después de una sesión que tuvo momentos de tensión política en torno al temario, aunque el tratamiento del proyecto terminó con acompañamiento unánime. La norma sancionada unificó iniciativas impulsadas por distintos bloques legislativos, tanto del oficialismo como de la oposición. Ese acuerdo permitió que el proyecto llegara al recinto con respaldo suficiente para convertirse en ley.

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