Los 260 trabajadores siguen reclamando el pago de sus compensaciones tras el cierre de la histórica textil. Denuncian que no recibieron "ni un centavo" y advierten que el concurso preventivo se tramita ahora en Santa Fe
La angustia y la incertidumbre crecen entre los ex trabajadores de la planta textil Emilio Alal de Goya. A más de cuatro meses del cierre de la histórica fábrica, los despedidos aseguran que todavía no cobraron ninguna parte de sus indemnizaciones y que la situación judicial se volvió todavía más compleja luego de que el conflicto se trasladara a la ciudad santafesina de Reconquista.
En los últimos días, ex empleados volvieron a marchar por las calles goyanas para reclamar respuestas. La protesta se suma a una larga serie de manifestaciones que incluyeron cortes de ruta, movilizaciones y presencia en actos públicos para visibilizar el impacto social que dejó el cierre de una de las principales fuentes de empleo industrial de la ciudad.
La planta cesó sus actividades dejando a más de 260 familias sin ingresos. Desde entonces, los trabajadores denuncian que atraviesan una situación desesperante y que muchos no logran reinsertarse laboralmente en una economía local golpeada por la recesión y la caída del consumo.
Entre los casos más críticos aparecen empleados de más de 60 años que estaban próximos a jubilarse y hoy ven prácticamente imposible conseguir otro trabajo. Algunos sostienen que agotaron ahorros, venden pertenencias o dependen de ayuda familiar para subsistir mientras esperan una definición judicial.
El conflicto se agravó luego de que la empresa iniciara un concurso preventivo de acreedores en Reconquista. Esa decisión trasladó la discusión fuera de Corrientes y obligó a los trabajadores despedidos a iniciar nuevamente el proceso de verificación de créditos ante la sindicatura santafesina para intentar ser reconocidos como acreedores.
Semanas atrás, la Justicia Laboral de Goya había dispuesto embargos preventivos sobre bienes de la empresa con el objetivo de garantizar al menos una parte de las indemnizaciones. Sin embargo, el avance del concurso preventivo modificó el escenario y frenó las expectativas de un cobro inmediato.
Desde el grupo de despedidos remarcan que continuarán con las protestas hasta obtener respuestas concretas. Afirman que el reclamo ya excede lo estrictamente laboral y se convirtió en una problemática social que golpea a cientos de familias goyanas.
La empresa había atribuido el cierre de la planta a la apertura de importaciones, el incremento de costos energéticos y la fuerte caída del mercado interno textil, factores que -según sostuvo- volvieron inviable la continuidad de la producción.
