Otra de las investigaciones que persisten contra Morales está ligada a las elecciones presidenciales de 2019, anuladas tras las denuncias de manipulación e irregularidades en el conteo de votos. La Organización de Estados Americanos (OEA) detectó anomalías graves en el proceso y recomendó repetir los comicios, en medio de una crisis política que derivó en protestas masivas, fuertes disturbios y finalmente la renuncia del entonces mandatario.
A partir de esos hechos, la Justicia boliviana abrió expedientes por presunto fraude electoral y posibles alteraciones en el sistema de transmisión rápida de resultados. Morales rechazó siempre las acusaciones, negó cualquier manipulación y sostuvo que su salida del poder fue consecuencia de un “golpe de Estado”.
El episodio también reavivó los cuestionamientos sobre su intención de perpetuarse en el poder. Morales buscó competir por un nuevo mandato pese a que en 2016 los bolivianos rechazaron en referéndum la posibilidad de habilitar otra reelección presidencial. Aun así, el entonces oficialismo recurrió a fallos judiciales para permitir nuevamente su candidatura, una decisión que profundizó la crisis política y social que terminó estallando en 2019
Corrupción, tráfico de influencias y las denuncias en el Chapare
A lo largo de sus casi 14 años en el poder, Evo Morales quedó envuelto en múltiples escándalos de corrupción, tráfico de influencias y presuntos vínculos con estructuras ilegales. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Gabriela Zapata, su ex pareja y ejecutiva de una empresa china que obtuvo contratos millonarios con el Estado boliviano mientras mantenía una relación con el entonces mandatario. El escándalo desató investigaciones por posibles favores políticos y uso indebido de influencias desde la Presidencia.
A ello se sumaron las denuncias por millonarios desvíos de recursos del Fondo Indígena, un programa estatal destinado a financiar proyectos campesinos y sociales que terminó bajo investigación por corrupción, obras inconclusas y manejo irregular de dinero público. Aunque varios ex funcionarios y dirigentes fueron procesados, la oposición mantuvo los cuestionamientos sobre la responsabilidad política del entorno de Morales.
En paralelo, distintos sectores denunciaron durante años una supuesta protección al narcotráfico en el Chapare, la principal región cocalera de Bolivia y bastión histórico del ex mandatario. Las acusaciones apuntaron a la expansión del narcotráfico y al debilitamiento de controles antidroga durante su gestión.
El ex presidente boliviano Evo Morales enfrenta una de las crisis judiciales y políticas más graves desde que dejó el poder en 2019: acumula procesos por trata agravada de personas, estupro, sedición, terrorismo, fraude electoral y corrupción. Fue declarado en rebeldía por la Justicia, tiene órdenes de captura y permanece refugiado en el Chapare, su bastión político y cocalero, protegido por grupos afines que impiden su detención.
