Se trata de la profesional Soledad Arce, quien admitió los hechos en un acuerdo con la fiscalía. Permanece detenida y resta definir la condena. foto archivo
Una audiencia de juicio abreviado parcial dejó como resultado el reconocimiento de culpabilidad de la imputada en una causa por estafas reiteradas y falsificación de documentos públicos. La pena será determinada por un tribunal de Goya.
Reconocimiento de los hechos
El abogado querellante, Cristian Esquenón, explicó en una entrevista a Actualidad Esquina que la imputada, la abogada Marina Soledad Arce, oriunda de la localidad de Esquina, admitió su responsabilidad en los delitos investigados, en el marco de un acuerdo con la fiscalía.
El proceso abarca cuatro expedientes vinculados a:
Estafa en forma continuada
Falsificación de instrumento público
Uso de documentación falsa
Retención indebida
El acuerdo fue homologado por el juez de garantías, lo que implica que la responsabilidad penal ya quedó establecida, restando únicamente la definición de la pena.
Cómo operaba la maniobra
Según se detalló en la audiencia, la imputada confeccionó documentación apócrifa, incluyendo supuestas sentencias judiciales, escrituras de compraventa y cesiones de derechos inexistentes.
Incluso, se indicó que se hacía pasar por escribana, utilizando sellos, firmas y formatos falsificados. Estas maniobras generaban confianza en las víctimas, quienes no verificaban la autenticidad de los documentos.
El perjuicio económico incluía pagos por trámites inexistentes y la entrega de documentación sin validez legal.
Investigación y pruebas
La causa avanzó tras una investigación de casi un año, encabezada por la fiscalía, que reunió informes periciales informáticos, análisis documentológicos, testimonios de víctimas y testigos.
También se comprobó la falsificación de firmas notariales, lo que fue ratificado por profesionales afectados que desconocieron los documentos.
Demoras y casos prescriptos
Uno de los aspectos señalados fue que varios hechos no pudieron ser juzgados debido a la prescripción, ya que habían transcurrido más de seis años desde su comisión.
Se remarcó que muchas víctimas tardaron en denunciar por vergüenza o temor, lo que dificultó el avance de algunas causas.
Situación procesal
La imputada permanece detenida con prisión preventiva, medida que fue sostenida por el riesgo de reiteración delictiva.
La determinación de la pena quedará a cargo de un juez de primera instancia de Goya, que será designado por sorteo.
Impacto en las víctimas
Desde la querella se destacó que el daño no solo fue económico, sino también emocional, al tratarse de situaciones en las que se vulneró la confianza depositada en una profesional.
Además, se advirtió que podrían surgir nuevas denuncias vinculadas a hechos similares.
