Ex trabajadores de la textil no pueden acercarse al domicilio de los dueños, pero denuncian que siguen sin cobrar tras los despidos y advierten que la crisis social se profundiza.
A más de dos meses del cierre de la hilandería Emilio Alal en Goya, el conflicto laboral suma un nuevo capítulo: la Justicia dispuso una restricción perimetral de 200 metros por 180 días para un grupo de ex trabajadores, en su mayoría delegados, que encabezaban las protestas frente al domicilio de los propietarios de la firma.
La medida, que alcanza al menos a una docena de despedidos, fue solicitada por los dueños de la empresa bajo el argumento de presuntos hechos de vandalismo. Sin embargo, los trabajadores rechazan esas acusaciones y aseguran que no existen pruebas que los vinculen con esos episodios. "Nos apuntan por ser visibles en el reclamo, pero lo único que hicimos fue exigir lo que nos corresponde", sostienen.
El trasfondo del conflicto es crítico. Unas 260 familias quedaron sin sustento tras el cierre inesperado de la planta, sin previo aviso y, según denuncian, sin el pago de indemnizaciones ni salarios adeudados. La situación económica es desesperante: muchos de los despedidos cuentan con más de dos décadas de antigüedad y hoy enfrentan enormes dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.
"Hay compañeros que toda su vida trabajaron en la fábrica y no tienen otra salida inmediata", describen. En ese contexto, la asistencia de la comunidad se volvió indispensable. Iglesias, comerciantes y vecinos colaboran con alimentos para sostener ollas populares que permiten paliar, al menos parcialmente, la emergencia.
Pese a la imposición de la perimetral, las protestas no se detienen. En los últimos días se multiplicaron las caravanas y movilizaciones en distintos puntos de la ciudad. Los ex trabajadores insisten en que la medida judicial no resuelve el problema de fondo: la falta de pago y la incertidumbre total sobre su futuro.
El conflicto, además, ya trasciende a los directamente afectados. En una ciudad como Goya, el impacto es amplio y el malestar social crece. Mientras tanto, los despedidos ratifican que continuarán reclamando por sus derechos. "No vamos a dejar de pedir justicia", aseguran.
A esta situación se suma la incertidumbre sobre el futuro de la empresa. Según trascendió en audiencias laborales, la firma evaluaría retomar la actividad con nuevo personal, lo que generó aún más indignación entre los despedidos, que interpretan la medida como un intento de desprenderse de los trabajadores con mayor antigüedad para reducir costos laborales. Para las familias afectadas, esa posibilidad profundiza la sensación de injusticia y abandono.
Mientras la causa judicial avanza y las negociaciones siguen sin resultados concretos, los ex empleados sostienen que su reclamo es legítimo y que la perimetral no cambia la situación de fondo: siguen sin trabajo, sin indemnización y sin respuestas. En ese escenario, aseguran que continuarán visibilizando el conflicto por otras vías, porque -afirman- lo único que están pidiendo es cobrar lo que trabajaron durante años.
DATO
La Justicia dispuso una restricción perimetral de 200 metros por 180 días para un grupo de ex trabajadores. Fue solicitada por los dueños de la empresa bajo el argumento de presuntos hechos de vandalismo.
diario Norte Corrientes
