La resolución fue aprobada por amplia mayoría en la Asamblea general; Argentina, Estados Unidos e Israel votaron en contra.
La ONU dio un paso de fuerte contenido simbólico y político al declarar formalmente a la trata transatlántica de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”. La resolución, aprobada este miércoles por la Asamblea General, no solo busca consolidar el reconocimiento histórico de esa tragedia, sino también abrir el camino hacia debates más concretos sobre justicia reparadora.
El texto fue adoptado con 123 votos, tres en contra –entre ellos Argentina, Estados Unidos e Israel– y 52 abstenciones, incluyendo a países de la Unión Europea y Gran Bretaña. Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, si reflejan el pulso de la comunidad internacional y marcan agenda en temas de derechos humanos.
La iniciativa fue impulsada por Ghana, cuyo presidente, John Dramani Mahama, viajó a Nueva York para respaldar la votación. En su discurso ante la Asamblea, subrayó que la adopción del texto “sirve como salvaguarda contra el olvido” y como un paso hacia la sanación de las heridas históricas.
La resolución va más allá de una condena simbólica. Declara que la esclavitud y la trata transatlántica constituyeron una injusticia de escala, duración y brutalidad excepcionales, cuyas consecuencias aún persisten en forma de racismo estructural, desigualdades económicas y fenómenos asociados al neocolonialismo. También insta a los países a avanzar en mecanismos de justicia reparadora, que incluyen disculpas formales, compensaciones y reformas estructurales.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la esclavitud como un crimen que “atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades”. En ese sentido, llamó a trabajar por “la verdad, la justicia y la reparación”.
El texto también pone el foco en la restitución de bienes culturales, al reclamar la devolución “pronta y sin trabas” de obras de arte, documentos históricos y piezas de patrimonio a sus países de origen, un reclamo que viene creciendo en los últimos años desde África y otras regiones.
Temor a las reparaciones históricas
Sin embargo, la resolución expuso profundas diferencias entre los Estados miembros. Washington rechazó el documento al considerarlo “altamente problemático”. Su representante argumentó que no existe base legal para exigir reparaciones por hechos que no eran considerados ilegales bajo el derecho internacional en el momento en que ocurrieron. Además, advirtió sobre el riesgo de establecer una “competencia” entre tragedias históricas.
Ese mismo argumento fue retomado por varios países europeos que optaron por abstenerse. El representante francés señaló que comparar atrocidades históricas podría hacerse “a costa de la memoria de las víctimas”, mientras que Gran Bretaña remarcó la necesidad de abordar también problemáticas actuales como la esclavitud moderna, la trata de personas y el trabajo forzoso.
Desde Ghana, en cambio, defendieron la singularidad del fenómeno. El canciller Samuel Okudzeto Ablakwa sostuvo que ninguna otra atrocidad en la historia tuvo una duración tan prolongada –más de 300 años– ni un impacto tan sistemático y persistente a escala global.
La resolución también alienta a organismos regionales como la Unión Africana, la Comunidad del Caribe y la Organización de los Estados Americanos a trabajar junto con la ONU en iniciativas de educación, memoria y reconciliación.
(Con información de La Nación)
