Cualquier dolor es imposible de dimensionar cabalmente, más cuando se trata de la pérdida de un ser querido en el marco de una situación violenta. Una clara muestra de ello es el crimen contra Jeremías Monzón de 16 años, asesinado de veinte puñaladas por otro menor. No existe pena que pueda compensar semejante injusticia.

Ahora bien, frente a este crimen podemos responder desde el enojo pidiendo violencia institucional contra quienes lo cometieron, asumiendo que fue el resultado de sujetos moralmente malvados que libremente eligieron cometerlo y por lo tanto merecerían la mayor de las penas; incluso, la pena de muerte (y muerto el perro, se acabó la rabia). Pero también podemos reflexionar con mayor compromiso social y considerar que el problema es mucho más grave que la existencia de personas desviadas, asumiendo que vivimos en un contexto que produce este tipo de situaciones. Desde este presupuesto, se vuelve imperioso comprender que hay una trama social que debe ser transformada, si no queremos que este tipo de violencia se repita. Nosotros elegimos esta segunda alternativa, la de reflexionar detenidamente al respecto.

Está claro que lo sucedido con Jeremías hace resurgir la pregunta sobre si es necesario bajar la edad de imputabilidad. No obstante, creemos necesarios hacer preguntas más básicas y fundamentales como por ejemplo: ¿sabemos cómo funciona actualmente el Régimen Penal Juvenil? ¿cumple con sus supuestos propósitos? ¿Bajar la edad de imputabilidad solucionó la violencia en las adolescencias en otros países? ¿Qué antecedentes respaldan la propuesta del ejecutivo nacional?
Alguien podría referirse a la experiencia de Brasil y a lo rigurosos que son con los menores, pero antes de caer en una fake news debemos saber que en el vecino país los adolescentes entre 12 y 17 años no son penalmente imputables como adultos, aunque pueden ser sujetos a medidas socioeducativas especiales si cometen una infracción. Efectivamente, en Brasil la categoría conceptual es de “acto de infracción” y no, de “crimen” o “delito”.

Ellos poseen un sistema socio-educativo y restaurativo, orientado a la reinserción y la capacitación social del adolescente que es equivalente a nuestro actual Régimen Penal Juvenil, pero acá NO SE CUMPLE y es dificil que lo haga, dado que tenemos a un Gobierno que permanentemente afirma que NO HAY PLATA; entonces: ¿con qué recursos se sostendrán las supuestas modificaciones que se pretenden realizar ahora, si ni siquiera se cumple con el régimen actual? ¿en serio creemos que aumentar la cantidad de adolescentes adentro de los penales mejorará la seguridad y no asistiremos más bien a un colapso del sistema estatal?
Por ello, lo planteado en el proyecto que se está debatiendo en el congreso, es una falacia. Y genera más preguntas que certezas. Proponen un supuesto trato especializado en centros de detención adecuados para adolescentes, pero con CONDENAS DE ENTRE 15/20 AÑOS, ¿de qué reinserción podemos hablar en esos términos? ¿Qué medidas socioeducativas podrían caber con esas penas? ¿O en realidad lo que están buscando no es reformar ni contener sino excluir y no se animan a sincerarse? Afirman que el proyecto propuesto es el resultado de un entorno especializado, pero jamás escucharon lo que tienen para decir los especialistas en infancias, adolescencias y juventudes.

¿Qué necesitaríamos para llevar a cabo algunas propuestas socioeducativas que tengan como objetivo responsabilizar las adolescencias y reinsertarlas socialmente? Primero, reconocernos como una sociedad que expulsa permanentemente a los adolescentes, sobre todo cuando son adolescencias POBRES, aceptarlo, para poder revertirlo. En segundo lugar, instituciones financiadas por el estado, con capacidad formativa y educativa, no punitiva; tercero, medidas socio-comunitarias para evitar la reincidencia y desarmar contextos de vulnerabilidad.

Desde la Psicología del Desarrollo está claro que la adolescencia es una etapa vital caracterizada por profundos cambios neurobiológicos, emocionales y sociales. El cerebro adolescente se encuentra aún en proceso de maduración, especialmente en las áreas vinculadas a la regulación de impulsos, la toma de decisiones, la evaluación de consecuencias y el control emocional; funciones que dependen en gran medida de la corteza prefrontal. Esto no implica ausencia de responsabilidad, sino la presencia de una responsabilidad progresiva, necesariamente acompañada por adultos e instituciones capaces de alojar, orientar y poner límites significativos.


Por último, estamos frente a un problema complejo que no se resuelve con simplificaciones punitivistas que sólo agravarían la situación. Como sociedad nos debemos prevención, sin estigmatización y sin criminalización de la adolescencia. Necesitamos trabajar para construir una responsabilidad activa y no un castigo pasivo, pero ¿cómo podremos hacerlo cuando el Estado Nacional es el primero en DES-RESPONSABILIZARSE de sus deberes y al mismo tiempo tenemos un presidente que produce permanentemente hechos de violencia?


Autores: Psi. Fernanda Esmay – Lic. En Ciencias Sociales Julio Núñez
Editorial: Fundación Jóvenes