Será el miércoles, desde el mediodía, en coincidencia con el inicio del debate en el Senado. Se definió en una reunión marcada por diferencias entre los sectores dialoguistas y el ala más dura de la central obrera.

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió movilizarse el próximo miércoles frente al Congreso, desde el mediodía, en coincidencia con el inicio del debate en el Senado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La decisión fue adoptada hoy por el Consejo Directivo de la central obrera, reunido en la sede de Azopardo, en un contexto de fuertes tensiones internas y sin consenso para avanzar con un paro general.

La definición confirma que la CGT volverá a ocupar el espacio público como herramienta de presión, aunque sin acompañar la protesta con una medida de fuerza unificada. Según lo discutido en la conducción, la movilización se realizará sin paro general, aunque cada sindicato quedó habilitado a disponer ceses de actividades parciales para facilitar la participación de los trabajadores en la concentración.

El debate interno dejó expuesta la fractura que atraviesa la central obrera. Por un lado, el sector dialoguista, integrado por los denominados “Gordos” e “Independientes”, sostuvo la necesidad de sostener canales de negociación política para intentar introducir cambios en el proyecto oficial.

Ese espacio, representado por dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez, viene impulsando contactos con gobernadores y senadores con el objetivo de atenuar el impacto de la reforma sobre los derechos colectivos.

En la vereda opuesta, los sectores más combativos presionaron para endurecer la respuesta sindical. Los gremios del transporte, nucleados en la CATT, propusieron avanzar con un paro de 12 horas el mismo día de la movilización para garantizar una mayor asistencia. Incluso se planteó la posibilidad de un paro de 48 horas, iniciativa que no logró respaldo suficiente dentro de la conducción.

También hubo dirigentes que reclamaron que la CGT avale formalmente un cese de actividades y que la protesta frente al Congreso sea presentada como el inicio de un plan de lucha escalonado.

La discusión se dio en continuidad con un escenario que la CGT arrastra desde que el Gobierno anunció su intención de impulsar una reforma laboral en el Congreso. En las últimas semanas, la central sindical combinó gestiones políticas con advertencias públicas, en un delicado equilibrio entre confrontación y negociación. La llegada del proyecto al Senado aceleró los tiempos y obligó a una definición sobre el terreno de la calle.

En ese marco, dirigentes cegetistas mantuvieron contactos con gobernadores del peronismo que expresaron reparos frente a la iniciativa oficial y alertaron sobre un eventual impacto negativo en las condiciones de trabajo. Sin embargo, esos respaldos no fueron homogéneos.

Algunos encuentros previstos quedaron en suspenso y otros se vieron condicionados por las negociaciones paralelas que las provincias mantienen con la Casa Rosada, en especial por la reducción del Impuesto a las Ganancias contemplada en el proyecto.

La CGT había puesto expectativas en reuniones con mandatarios provinciales con posiciones más críticas frente al Gobierno, como el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro. En el caso de Llaryora, el encuentro fue suspendido a último momento por cuestiones de agenda, aunque desde la central obrera señalaron que buscan reprogramarlo antes de que avance el debate legislativo.

Mientras tanto, el Gobierno continúa con su propia estrategia de negociación política. El ministro del Interior, Diego Santilli, viene encabezando reuniones con gobernadores para sumar apoyos al proyecto. En ese marco, mantuvo un encuentro con el pampeano Sergio Ziliotto, uno de los mandatarios más críticos, quien no garantizó su acompañamiento a la reforma.

Ese juego cruzado de presiones explica, en parte, la decisión de la CGT de avanzar con una movilización sin paro general. Para el sector mayoritario de la conducción, la prioridad sigue siendo no romper del todo los canales de diálogo y preservar margen de maniobra para influir en el texto final de la ley. Para el ala dura, en cambio, la protesta sin una medida de fuerza de alcance nacional resulta insuficiente frente a lo que consideran un avance estructural sobre las conquistas históricas del movimiento obrero.