Los representantes de sindicatos de la regional Corrientes solicitaron a los legisladores nacionales que mantengan responsabilidad institucional. Advierten sobre los cambios en las indemnizaciones, la eliminación de horas extras, entre otros puntos.
El plenario de la CGT Regional Corrientes se reunió ayer y de manera unánime rechazó el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Congreso de la Nación. Además, exigieron a los legisladores nacionales por Corrientes responsabilidad institucional ante el inminente tratamiento de la iniciativa.
La CGT Regional Corrientes, que nuclea a más de 60 sindicatos de trabajadores estatales y del sector privado, se reunió ayer para rechazar el proyecto de reforma laboral que actualmente se analiza en el Senado de la Nación y tiene como fecha de tratamiento el próximo 11 de febrero. El encuentro estuvo presidido por el secretario general de la filial regional de la central obrera, Guido Tello.
En la oportunidad se abordó el impacto de la reforma laboral impulsada por el Presidente de la Nación. En ese sentido, el plenario resolvió por unanimidad el rechazo del proyecto de ley al considerar que implica un "retroceso significativo en materia de derechos salariales, laborales y condiciones de trabajo".
La CGT Regional Corrientes, además, exigió responsabilidad institucional y compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores a los diputados nacionales por Corrientes Nancy Sand, Christian Zully, Raúl "Rulo" Hadad, Virginia Gallardo, Diógenes González, Lisandro Almirón y José Tournier. En el caso de los tres primeros, quienes pertenecen al bloque peronista en la Cámara baja nacional, habían anticipado su voto negativo. Por su parte, los tres libertarios sí respaldarán, mientras que el radical pone foco en el capítulo fiscal.
El plenario también reclamó de igual manera a los senadores nacionales por Corrientes Carlos Mauricio "Camau" Espínola, quien preside el bloque de Provincias Unidas, como así a los radicales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela. Todo indica que los oficialistas provinciales respaldarían en general la iniciativa, tras las conversaciones que mantuvo el Gobierno nacional con la Provincia.
Los representantes sindicales también peticionaron al gobernador Juan Pablo Valdés, que instruya a los legisladores nacionales que responden a su línea política. Piden que "no conviertan los derechos de los trabajadores en moneda de cambio" en lo que éstos observarían como las negociaciones por los "excedentes de coparticipación, Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o fondos discrecionales destinados a la caja provincial, a cambio de respaldar esta flexibilización laboral en el Congreso".
Varios son los motivos por el cual la CGT Corrientes rechaza la iniciativa. Algunos de ellos consiste en la falta de limitación de la ultraactividad ya que se pretende dar culminación a los acuerdos en los convenios colectivos; los cambios en las indemnizaciones por despidos, ya que limita y disminuye lo que actualmente estipula la ley.
El proyecto establece a cambio la creación de un fondo de cese laboral que desvincula a las empresas de cualquier pago de indemnización, trasladando la responsabilidad a las compañías de seguro. Se condicionan las vacaciones de manera discrecional; se establece un banco de horas en lugar del pago de horas extras.
"Bajo el título de modernización se intenta simplificar resoluciones de conflictos laborales con herramientas digitales, que nada tienen que ver con la mayor generación de empleos", indicaron desde la central. Advirtieron que no sólo facilitaría "el fraude laboral", sino también "el empleo en negro".
Para los sindicatos, la reforma "promueve la informalidad al quitar las sanciones a los empleadores que no registran trabajadores". También, rechazan la extensión de los periodos de prueba a un año y la falta de cobertura de seguridad para quienes trabajan mediante aplicaciones o plataformas digitales y casas particulares.
"La introducción de salarios dinámicos e inestables, licuará los haberes reales", alertaron desde la central. Indicaron que la iniciativa "viola el artículo 14 bis (de la Constitución Nacional) y el principio de progresividad al representar un retroceso regresivo en derechos adquiridos que no pueden ser eliminados por ley".
"Cada vez que se habla de reforma laboral, de manera discrecional se la plantea en favor del capital y en contra del esfuerzo del trabajador", indicaron a través de un documento. "Estas políticas buscan transferir mayores ganancias y niveles de riqueza al capital concentrado", señalaron.
