La investigación penal apunta al presidente de la entidad madre del fútbol argentino y a su comisión directiva. Es por supuestas irregularidades en el pago de contribuciones a la seguridad social y analiza una deuda superior a los $19.000 millones.

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en una investigación penal que analiza la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad.

La medida fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante.

Según la denuncia, ARCA atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social correspondientes a empleados propios y de clubes del fútbol argentino, sin ingresarlos dentro del plazo legal previsto por el Régimen Penal Tributario.

En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación, y consideró que, dada la dimensión económica de la AFA y los montos investigados, la pesquisa debe extenderse también a otros integrantes de la comisión directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.

La causa se inició a partir de una presentación de Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, quien además amplió los hechos atribuidos a la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires. En la denuncia se consignó que la entidad habría retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social por $19.353.545.843,85 y no los habría ingresado una vez vencido el plazo legal de treinta días corridos, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de este año.

En su planteo, ARCA encuadró los hechos denunciados bajo los artículos 4° y 7° de la Ley N° 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. En relación con la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, el artículo 4° establece de manera textual: “Será reprimido con prisión de uno a seis años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En cuanto a los ilícitos relativos a los recursos de la seguridad social, la denuncia también invocó el artículo 7°, que tipifica la evasión simple y dispone: “Será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de ochenta mil pesos ($80.000) por cada mes“.

La imputación se da en un contexto de intenso escrutinio público respecto a la situación institucional de la AFA. En los últimos meses, la entidad quedó bajo la lupa judicial a raíz de distintas causas que derivaron en investigaciones vinculadas a sus manejos internos y a sus estados contables. En paralelo, esta semana el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dictó una serie de procesamientos con prisión preventiva -bajo arresto domiciliario- contra distintas personas ligadas a la firma Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Esta financiera, sospechada de lavado de dinero, mantiene contratos millonarios de sponsoreo con la asociación que preside Claudio Fabián Tapia.