Lago Vieyra - infobae.- Roger Edgar Grant declaró y respondió preguntas del juez y el fiscal. Apuntó contra Daniel María Garbelli, número dos del organismo
Roger Edgar Grant se convirtió en el primer imputado de la causa por las irregularidades en la Angencia de Dispacidad (ANDIS) que respondió preguntas de la Justicia para defender su inocencia. La investigación lo ubicó como ejecutor de las maniobras de corrupción desde su cargo en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, a lo que el indagado contestó que “solo cumplía órdenes” de su jefe, Daniel María Garbellini.
Grant compareció en la tarde del lunes ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py.
Como coordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia, administraba las compras de medicamentos mediante el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS). Desde allí habría facilitado el direccionamiento de los fondos estatales hacia las droguerías beneficiadas.
Con Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud, Grant mantenía una relación desde los días en los que trabajaron juntos en la obra social OSPSIP, del personal de vigilancia y seguridad privada.
Así como Roger Grant obedecía órdenes de Daniel Garbellini, este último también habría respondido a los intereses de quien había sido su superior anteriormente -durante la gestión de Cambiemos-Pablo Atchabahian, detenido y señalado como uno de los dos “jefes paraestatales” de la ANDIS, junto a Miguel Ángel Calvete.
Daniel María Garbellini, ex funcionario de ANDIS
El fiscal Picardi encontró conversaciones en los teléfonos secuestrados que demuestran que Grant sabía exactamente qué empresas cotizarían en cada compulsa de precios. Además, manejó los tiempos de los procesos de compra y aplicó instrucciones específicas sobre qué droguerías debían ser dadas de alta o baja en el sistema.
“Lo consultaba todo con Garbellini”, se defendió el imputado ante el juez y el fiscal.
Mientras que en las licitaciones abiertas el organismo invitaba a competir a unas 15 droguerías, a las compulsas “reducidas” solo accedía un grupo de cuatro oferentes que “mantenían vínculos personales, societarios y operativos entre sí y con funcionarios de la ANDIS”, dictaminó la acusación.
Esta “fragmentación artificial” de las compras que hacía el Estado se aplicó a medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que son esenciales para tratamientos prolongados o de alta complejidad para la población vulnerable beneficiaria del Programa Incluir Salud.
En las 21 compulsas de medicamentos que se realizaron bajo este esquema restringido, las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, que implicaron un gasto de $30.337.220.919,77.
Grant era el encargado de ejecutar todos estos movimientos, supuestamente bajo las órdenes de Garbellini y Atchabahian, mediante incumplimiento de las normativas vigentes y, a su vez, estableciendo sobreprecios que habrían profundizado el perjuicio al Estado.
Los delitos investigados en esta causa comenzaron en 2023 y se extendieron hasta la difusión de los audios de Spagnuolo. Foto: Gustavo Gavotti
Además, durante los allanamientos se encontró un indicio de vinculación directa entre Grant y Miguel Ángel Calvete. El nombre del funcionario citado a declarar este lunes apareció en uno de los cuadernos de Calvete, en una anotación que se registró bajo el título “llamar” y mencionaba a “Roger por precios”.
En otra conversación relevada por la Fiscalía, Calvete se comunicó con Lorena Di Giorno -otra ex funcionaria de ANDIS acusada- y le preguntó qué elementos le habían secuestrado a Roger Grant en el procedimiento.
Las indagatorias
De las primeras 15 indagatorias que ordenó el juez Casanello -se descarta que habrá más próximamente-, ya se llevaron adelante las de Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González. Todos se negaron a responder preguntas.
Este martes continuarán las citaciones con Luciana Ferrari, ex funcionaria de ANDIS y luego empleada del laboratorio Roche -hoy desvinculada-, y Federico Maximiliano Santich, gerente y accionista de la droguería Profarma y supuestamente vinculado a otras empresas del sector beneficiadas por la Agencia de Discapacidad.
A continuación están citados a declarar Guadalupe Muñoz -pareja de Calvete-, Patricio Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Fuentes Acosta.
Rompió el silencio el primer imputado y dijo que obedecía órdenes de otro acusado
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