El financista está colaborando como arrepentido en la causa. El Tribunal Oral Federal 7 reanudó el proceso con la lectura de la elevación a juicio de los 86 imputados, a la vez que avanza en su nuevo esquema para agilizar el caso.

El juicio por la causa Cuadernos retomó su curso en medio de fuertes presiones para agilizar el trámite y después de varias semanas marcadas por tensiones internas sobre el ritmo del debate.
 
Este martes, a partir de las 13, el Tribunal Oral Federal 7 reanudó las audiencias con una decisión clave para implementar un esquema de dos encuentros semanales para acelerar un proceso que avanza lentamente desde su inicio.

El tribunal continúa con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, un tramo extenso que se espera concluir el 2 de diciembre. La demora no sorprende porque son 86 los acusados —entre exfuncionarios, empresarios e imputados colaboradores— y el expediente abarca 540 episodios de presuntos pagos ilegales. Esa magnitud viene arrastrando discusiones sobre logística, personal y espacios adecuados para sostener la dinámica del juicio.

Este martes, se leyó el pasaje de las declaraciones de los empresarios arrepentidos que identificaron a Cristina Kirchner como líder del esquema de recaudación de las coimas. Los imputados que hoy actúan como colaboradores de la Justicia también apuntaron contra Julio De Vido, al sostener que “fue el principal referente de los organizadores en términos orgánicos e inorgánicos, al haber sentado la base de la estructura delictiva desde el inicio hasta su final”.

En la reanudación de este martes, el secretario del tribunal continuó con la lectura de la declaración del supuesto financista Ernesto Clarens, que había quedado pendiente. Allí, Clarens señaló: “Me fui de la familia Gotti porque eran rehenes de los Kirchner. Las empresas del sur se repartían las obras entre ellos. Les daban retornos desmesurados al entonces gobernador Kirchner. Sus dueños me decían que tenía que separar dinero para dárselo a Lázaro Báez, y éste —supongo— se lo daba a Néstor Kirchner. Esto se repitió durante su presidencia”.

“Después de la muerte de Néstor, Cristina quiso salvar a Gotti, pero que se quería sacar a López del medio. El dinero de la firma salía de aeroparque, del sector militar, y el destino era El Calafate. Una vez entraron los bolsos por la cocina”, agregó.

Luego, leyó la declaración de Víctor Gutiérrez, secretario de la Presidencia en el mandato de Néstor Kirchner. “Nadie quería trabajar con Cristina. Le decíamos ‘la loca’, ‘la yegua’, a veces le pegaba en broma con el teléfono a Néstor”, contó sobre la relación que tenían los exfuncionarios con la expresidenta.

La investigación asegura que “el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivosy/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.

Sobre la responsabilidad de la expresidenta, la fiscalía insistió que quedó reflejada en “las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno y las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti, siendo quien ejerció la jefatura de la organización y la única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios”.

El caso involucra a figuras centrales de la política y del empresariado. En el banquillo aparecen Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros exfuncionarios. Del lado de los empresarios se destacan Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero y Alberto Taselli. También está imputado Oscar Centeno, el chofer cuyos cuadernos dieron origen a toda la investigación.

En la previa al reinicio, el tribunal sobreseyó a Enrique Pescarmona tras recibir un informe del Cuerpo Médico Forense que determinó que sufre “una incapacidad mental sobreviniente” producto de una enfermedad neurodegenerativa. Con ese capítulo cerrado, el foco volvió a concentrarse en la necesidad de imprimirle mayor velocidad al juicio.

Mientras tanto, continúa la pulseada institucional. La Cámara de Casación y el Consejo de la Magistratura insistieron en la conveniencia de acelerar el debate, ampliar recursos y garantizar salas apropiadas para las audiencias presenciales. Desde el TOF7 respondieron con pedidos formales y remarcaron que la organización del juicio es una potestad exclusiva del tribunal, al advertir en la última audiencia que cualquier interferencia podría afectar su independencia.

Un inicio intenso y extenso

Las primeras jornadas estuvieron dominadas por la lectura de declaraciones de imputados colaboradores como Claudio Uberti y Carlos Wagner. En su testimonio, Uberti sostuvo que “el día que murió Néstor Kirchner había más de US$60 millones en el departamento de Juncal”, aunque aclaró que lo sabía por comentarios de terceros. Wagner, por su parte, detalló el presunto mecanismo de recaudación ilegal y afirmó que la obra pública “iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”.

También se incorporó la declaración de Oscar Centeno, que describió el circuito de entrega de bolsos y aseguró que, “en la época de Cristina Kirchner”, parte del dinero llegaba a la Quinta de Olivos. La dimensión del expediente —con más de 600 testigos previstos— explica la complejidad de esta etapa inicial.

Justamente, la intensidad de esas audiencias fue uno de los argumentos que impulsaron a Casación a exigir mayor celeridad. Incluso el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti intervino públicamente para reclamar que el tribunal “trabaje en verano” si hace falta para cumplir con los plazos.

Desde el TOF7 retrucaron con una lista de limitaciones: falta de personal, problemas edilicios y dificultades para sostener un formato completamente presencial con el caudal de testigos que resta.

Cómo será el nuevo esquema de funcionamiento

El régimen de dos audiencias por semana es el primer paso del TOF7 para avanzar con un plan más exigente. Desde este martes, las sesiones se realizarán los martes y jueves, con la continuidad de la modalidad virtual, mientras el tribunal insiste en la necesidad de contar con salas adecuadas para pasar a la presencialidad. La Sala AMIA de Comodoro Py, propuesta por Casación, continúa en refacciones y recién estaría disponible el 10 de diciembre.

Los magistrados del tribunal expusieron que el sistema virtual permitió iniciar el proceso sin demoras y que cualquier cambio de modalidad exige tiempo y recursos que aún no están garantizados. Esa postura derivó en la redacción de nuevos pedidos formales, ya remitidos a la Cámara y a la Corte Suprema.

El TOF7 enfrentará en los próximos meses el desafío de sostener un cronograma que le permita ganar velocidad sin resignar su autonomía. La reanudación del juicio este martes, con la continuidad de la lectura de la elevación a juicio, marcará el primer test del nuevo esquema.