Para Alpa, un contexto similar al actual ocurrió durante el gobierno de Fernando De la Rúa. “Si tuviéramos que encontrar un momento similar podríamos hablar de marzo del 2001 donde el mensaje de ajuste era parecido”, dijo, aunque marcó una gran diferencia: “Esa vez fue sólo un anuncio porque nunca se concretó por la renuncia del ministro. Hoy el recorte ya está sucediendo”.
Desde las gremiales universitarias señalan que la situación que atraviesan los trabajadores del sistema universitario no ocurría, como mínimo, desde hace 20 años. Actualmente, el salario de un docente de la categoría más baja (Auxiliar de 1°) con jornada completa se ubica en $396.989. Con el costo de vida actual, se ubica apenas por encima de la Canasta Básica Total para un adulto ($250.286), la cual no incluye el valor de un alquiler.
La mitad de los alumnos que concluyen sus estudios lo hace en sólo 4 de las 56 universidades de gestión estatal. En tanto, 44 de cada 100 graduados de todas las universidades estudiaron carreras "blandas".
Estudiantes reclaman contra el ajuste de Javier Milei a la educación
La situación actual también golpea fuertemente al estudiantado, dado que ve afectada su cursada habitual ante los cortes de luz en las universidades, la falta de insumos en las aulas y el deterioro de sus propias condiciones de vida.
Ainara Melo, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en Puerto Madryn, contó a este medio cómo atraviesa la crisis a los estudiantes. “Realmente no se recuerda un comienzo de clases tan convulsivo como este, con dos paros universitarios nacionales en el que como estudiantes bancamos a nuestros docentes que están luchando”, dijo.
Ante la consulta sobre el impacto del ajuste en el funcionamiento de la UNPSJB explicó que en enero, pese a estar cerrada la sede, el gasto de servicios y mantenimiento fue de $1 millón de pesos, mientras que ahora el salto fue astronómico. “Hoy con la sede funcionando de 7 de la mañana a 11 de la noche, gastó cerca de 5 millones solo en servicios de luz”, dijo. Ese monto, según comentó, fue el que la universidad utilizó para pagar todos los servicios durante 2023.
Al igual que a los docentes, el aumento del costo de vida también afecta a los estudiantes a la hora de trasladarse, alquilar o alimentarse. Melo señaló que en los últimos meses hubo quienes debieron dejar de cursar. “Vemos como hay compañeros que están abandonando sus estudios universitarios, no porque no quieran estudiar, sino porque no pueden continuar ante la necesidad de comer y laburar”, explicó.
La ciudad de Madryn, al igual que buena parte de las urbes del país, marchará este martes desde las 17 horas en la Plaza San Martín para pedirle al Gobierno que revea su política de ajuste. Allí funcionan 3 universidades: la UNPSJB, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad del Chubut, además del CONICET. “Acá esperamos una gran asistencia por parte de toda la comunidad”, vaticinó Melo y añadió: “Podría incluso ser histórica hasta en nuestra propia ciudad”.
Respecto del rol de los estudiantes universitarios en este contexto, la dirigenta estudiantil señaló: "Tenemos la responsabilidad enorme de organizarnos y ver cómo vamos a enfrentar a este Gobierno que nos empobrece todos los días, que nos reprime, con jubilados indigentes que no pueden pagar los medicamentos, con una ola de despidos en las que tanto la CGT como las CTA se llaman al silencio y convocan tímidamente a un paro el 9 de mayo cuando se necesita enfrentar cuanto antes el plan motosierra de Javier Milei”.
Sobre una posible salida a la situación actual, el rector en licencia de la UNLPam señaló que lo mejor que puede ocurrir es “que el Gobierno entienda que no es un tema político, que no afecta la situación macro de país ni genera déficit fiscal”. Por ese motivo, pidió al Ejecutivo “que recapacite y entienda nuestros reclamos, o vamos a tener graves problemas para que el sistema funcione en el segundo cuatrimestre”. Desde el CIN están abiertos al diálogo, pero sin dejar de lado los planteos.
Para el titular de CONADU, la solución es bastante más compleja dado el nivel de intransigencia del Poder Ejecutivo. “Este Gobierno no negocia. No creo que podamos arreglarlo con estos funcionarios porque tienen un desconocimiento enorme del sistema universitario”, se atrevió a señalar, por lo que resaltó la importancia de la marcha “como una gran expresión de repudio, no solamente hacia las políticas educativas sino hacia las políticas en contra del Estado de este Gobierno”.
Para cerrar, la titular de AGD UBA consideró que “el ataque del Gobierno demanda una respuesta de conjunto” hasta lograr que se reconozca el presupuesto necesario, pero también “para no tener más salarios por debajo de la línea de pobreza y para frenar una profundización de la privatización y mercantilización de las universidades nacionales”. A fin de cuenta, el deseo de todos es que la educación sea un vehículo para la transformación social e individual.