Si la medida anunciada por el gobierno nacional se concreta más de 900 profesionales y técnicos del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) perderán su fuente de trabajo. Y en Corrientes, alrededor de 12.000 familias campesinas, se quedarán si el apoyo y asesoramiento que brindan estos trabajadores. En RADIO POWER, Benjamín Leiva, Laura Alemis y Hernán Santajuliana expusieron su preocupación, calificaron a esta decisión de “arbitraria”, y consideraron “que tienen que revisarse y tener también una instancia donde podemos plantear la necesidad de que se reconsidere”.